Posicionamiento AMAM – Derecho a la Movilidad

Las autoridades responsables de movilidad y transporte que formamos parte de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad – AMAM, celebramos la aprobación, por unanimidad, por parte de diputados y diputadas federales a la inclusión de la movilidad como un derecho constitucional. Este logro es la cristalización del esfuerzo por impulsar esta agenda que organizaciones civiles, académicos, especialistas y ciudadanía iniciaron hace más de ocho años. A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, México podrá establecer un marco normativo a nivel nacional que apoye la armonización de cambios para una mejor rectoría de la movilidad tanto a nivel federal como local, garantizando los recursos necesarios para su implementación. En este marco, podremos coordinar esfuerzos para brindarle a todas las personas que habitan en México condiciones seguras, saludables, sostenibles y accesibles de movilidad.

En México, más de la mitad de la población se mueve a diario en transporte público, mientras que sólo el 15% de los viajes del país se realizan en un auto privado. Sin embargo, el 75% de la inversión en movilidad de los últimos años, se ha hecho en infraestructura para el automóvil. De seguir a este paso, con mejor infraestructura para el auto y el descuido de las demás opciones de movilidad, cada vez más mexicanos optarán por un vehículo privado, alejando al país de un futuro más sustentable. El derecho a la movilidad obliga a México a planear e invertir en un futuro sustentable, en donde el transporte público y la movilidad activa sean alternativas cada vez más atractivas que el auto privado y sin duda una palanca para la recuperación económica y al mismo tiempo promover la igualdad de oportunidades.

México ocupa el séptimo lugar mundial en muertes y lesiones graves como consecuencia de siniestros viales. Al año mueren en promedio 16 mil personas mueren en hechos de tránsito y las poblaciones más desfavorecidas se ven afectadas desproporcionadamente por este problema. A su vez, estos hechos son la principal causa de muerte entre menores de edad. Por lo que garantizar el derecho a la movilidad y sentar las bases para impulsar políticas que incrementen la seguridad vial es una deuda con los habitantes de los espacios urbanos más marginados del país. El transporte debe tener un rol clave en el combate a la epidemia de seguridad vial que enfrenta nuestro país. El diseño vial, los espacios seguros para abordar y transbordar, la construcción de carriles exclusivos, formas de pago más seguras, higiénicas, así como que ayuden a la eficacia administrativa y las instalaciones de transporte público adecuadas son elementos que garantizan el derecho a la movilidad de la población mexicana.

En la AMAM consideramos que este también es un paso clave para la equidad. En México, el acceso a las alternativas de movilidad es sinónimo de acceso a oportunidades, por lo que apostar por el derecho a la movilidad es brindar a las ciudadanas y a los ciudadanos oportunidades urbanas para acceder de manera segura al trabajo, la educación, la salud, al esparcimiento y sobre todo a ejercer su derecho a una mejor calidad de vida. Las familias mexicanas en el decil con menores ingresos del país destinan el 20% de su ingreso en transporte público, seis veces más de lo que destinan a salud, y el doble de lo que destinan a vivienda. Asimismo, la movilidad no debe estar limitada para las personas sin discapacidad; en el país viven 7.1 millones de personas en condición de discapacidad, las cuales carecen de alternativas de movilidad y por lo tanto la accesibilidad urbana para esta población limitada. Al elevar el derecho a la movilidad a nivel constitucional se le da suma relevancia a los retos que enfrentan las poblaciones más marginadas del país para poder ejercer su libertad de manera plena.

Las autoridades del país apoyamos y respaldamos el derecho constitucional a la movilidad. El siguiente paso será observar y aportar en la formulación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley deberá reconocer los más grandes retos que enfrentan los mexicanos y sus gobiernos en esta materia y proponer un camino claro para el desarrollo de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. En particular, esta es una oportunidad para cambiar la dinámica en que por décadas se privilegió la inversión en movilidad privada, y migrar a priorizar la movilidad sustentable como una herramienta esencial para la equidad en México. Para avanzar con pasos firmes será fundamental una política nacional de movilidad que permita la correspondencia de atribuciones entre los tres niveles de gobierno, estrategias sólidas, asignación de recursos e instrumentos financieros viables suficientes para hacer real el derecho a la movilidad.

Avanzar en el cumplimiento del derecho a la movilidad también implica repensar y estructurar mecanismos de financiamiento que permitan acelerar la transformación del transporte público, como articulador del sistema de movilidad; impulsar programas nacionales de seguridad vial basados en decisiones técnicas.

Durante los últimos años, el recién desaparecido fondo Metropolitano se había convertido en el único mecanismo que financiaba de manera constante proyectos de movilidad. Para garantizar el derecho a la movilidad es necesario asegurar recursos que permitan la planeación de la movilidad a mediano y largo plazo. En 2017, WRI México y la ANPACT coordinaron una serie de diálogos con la entonces recién creada AMAM en el marco del 4° Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM) para estimar los costos iniciales y recurrentes de la transformación del transporte público en México. Este cálculo incluyó la renovación de flota, la incorporación de nuevas tecnologías, el mejoramiento de la infraestructura actual y los costos de institucionalidad. Se estimó que, para alcanzar dichos objetivos, se deberá hacer una inversión inicial de al menos $323 mil millones de pesos ($323,552,000,000 MXN). En otras proyecciones para el 2020, el ingeniero Ángel Molinero Molinero presentó en su libro “Situación Actual del Transporte Urbano en México” un estudio realizado para 93 ciudades en las que considera la inversión necesaria para corredores de autobús y trolebús confinados, mejoras operativas de rutas de autobuses y transporte férreo. En dicho estudio se estimó que la inversión total necesaria para estas 93 ciudades mexicanas es de $1.14 billones de pesos ($1,143,187,500,000 MXN), cifra que refleja el gran rezago del transporte en nuestro país.

De manera proactiva, los integrantes de la AMAM, proponemos establecer como líneas de acción para su análisis inmediato: 1.- Promover programas de incentivos fiscales en el transporte público, particularmente para los sistemas integrados; 2.- Gestión para la asignación de subsidios a las políticas de Movilidad Urbana Sustentable que estén enfocadas a mejorar la calidad, cobertura y seguridad del sistema de movilidad, que mejore las condiciones de vida a los ciudadanos más desprotegidos del país y 3.- Fortalecimiento Institucional para mejorar la regulación y concurrencia de leyes, así como de autoridades relacionadas con la movilidad y el transporte público.

Las autoridades de movilidad que conformamos la AMAM estamos en total disposición para construir un camino posible, desde nuestra fundación hemos pactado por promover el derecho a la movilidad y una política nacional de seguridad vial.