Urge la AMAM a pacto nacional por rescate al transporte público

  • Llaman legisladores, organizaciones y operadores a institucionalizar el transporte público como una política de Estado durante el XX Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad
  • Exigen apostar por la recuperación de la demanda en el transporte que se mantiene en 65%, en comparación con el periodo previo a la pandemia
  • Denuncian empresarios que se ha presentado rotación del 15% en el personal de transporte público urbano

Guadalajara, Jalisco, 20 de enero de 2021.- Ante la reciente aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), los integrantes de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) hicieron un llamado urgente para buscar un pacto por el transporte público que dote de institucionalidad y fortalezca el financiamiento a este sector, que representa el 4% del PIB nacional y que lleva más de dos años en crisis.

Durante el XX Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, que se llevó a cabo del 20 y 21 de enero, los representantes de la organización enumeraron los retos que vive actualmente este sector, derivados de la pandemia de COVID-19, cuyas pérdidas se calculan en al menos 200 millones de pesos.

Actualmente, la demanda no se ha recuperado y se mantiene en 65% en comparación con el periodo previo a la contingencia; esta es la principal razón por la que el transporte público está en crisis en el tema recaudatorio.

Según los especialistas, la aportación del transporte público urbano al PIB es del 4%, y gracias a este sector se mueve diariamente más del 40% de la población nacional, es decir, 50 millones de personas.

Diego Monraz, presidente de la AMAM; Roxana Montealegre, Directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con apoyo del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés) representado por Angélica Vesga, directora de Asuntos Públicos, y Fernando Páez, director de Movilidad, acordaron iniciar mesas de trabajo entre autoridades locales y autoridades federales.

SEDATU propuso e invitó a desarrollar una primera mesa a finales de febrero orientada a establecer mecanismos, buenas prácticas y procesos para pasar del modelo hombre-camión a uno de empresas y sistemas organizados.

Dentro de las conclusiones del encuentro de tres días, los participantes reconocieron que el gran reto de este 2022 será avanzar en la institucionalización del transporte público como una política de Estado y establecer rutas de acción y mecanismos financieros para asegurar la implementación de la Ley.

Autoridades destacaron la necesidad de gestionar la movilidad y en particular el transporte público como una política social acorde con el derecho a la movilidad, lo cual es una oportunidad para la equidad, la inclusión social y la reducción de la pobreza en el país.

“El transporte público se debe convertir en un igualador social y esto debe ayudar a disminuir los efectos que contaminan nuestro planeta. El trabajo debe ser en equipo, con una coordinación y enlace de esfuerzos permanente que nos permita este 2022 lograr acuerdos para que los tres órdenes de gobierno nos sumemos a la mejora de la movilidad”, dijo Roxana Montealegre, representantes de SEDATU.

Diputados y senadores coincidieron en que la iniciativa aprobada en el Senado es un primer paso de ordenamiento y, aunque perfectible, se trata del primer instrumento basado en múltiples consensos de diversos sectores de la sociedad, a través del cual se abona al establecimiento de un sistema nacional de movilidad.

Patricia Mercado, senadora y presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, subrayó que la Ley aprobada establece un piso mínimo de acuerdos para ver a la movilidad como derecho humano.

La senadora Xóchitl Gálvez, quien participó de manera virtual, reconoció que no se trata de una ley perfecta, pero es el inicio de un cambio de paradigma.

“La tasa anual de la población crece entre 1.4 y 1.6%, mientras los autos crecen al 5.6%, lo que conlleva a que las ciudades se hagan cada vez más grandes y no haya manera de detener el crecimiento mientras no le apostemos a otras formas de movilidad”, subrayó.

Como ejemplo, dijo que, en la Ciudad de México, el 30% de los viajes son peatonales, y se dedica el 70% del presupuesto del espacio público al automóvil cuando éste sólo mueve al 30% de las personas. Aunado a esto, dijo, 7 de cada 10 personas accidentadas son peatones, ciclistas y motociclistas, es decir, los más vulnerables.

El senador Eli Cervantes, secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, contó que al realizar la Ley buscaron que la movilidad fuera accesible a todas las clases sociales, como un derecho constitucional que conlleva el acceso al derecho a la salud, educación y esparcimiento.

“La Ley general atiende no sólo a las grandes ciudades, sino las zonas rurales, porque la movilidad no puede ser un privilegio”, acotó.

Para el diputado Salomón Chertorivski, presiente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, existen tres retos: primero, pensar en implementar la Ley sin recursos no es real; segundo, la necesidad de un cambio de paradigma entre autoridades locales y, tercero, establecer una cultura de respeto al peatón, al ciclista y al transporte público.

“Cada día que no se logre implementar la Ley, perderemos vidas por hechos viales. Además, tenemos que lograr su aprobación inmediata, lo que coincidirá con el anunció de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en junio se reunirá para dar forma al nuevo decenio de la seguridad vial”, añadió.

En representación de operadores de transporte, Nicolas Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transportistas y Movilidad (AMTM), y Jesús Padilla, fundador de la AMTM, resaltaron su compromiso para identificar en conjunto acciones y soluciones hacia mejores sistemas de transporte en el País.

Es una industria que da empleo a más de 400 mil personas que prestan el servicio como operadores o propietarios. Actualmente, indicaron, han tenido una rotación de personal del 15% de la plantilla, por lo que llamaron a analizar los mecanismos financieros y los modelos tarifarios con el fin de poder avanzar en la institucionalización del transporte público.

Ante este panorama de crisis en el transporte público urbano, urgieron a un programa de recuperación económica.

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