Diálogos hacia la identificación de rutas de acción de las prioridades en movilidad | 1° Foro de Autoridades de Movilidad

  • Urgen aprobar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con mecanismos de financiamiento y claridad de atribuciones.  
  • Transporte público columna vertebral de la movilidad: Llaman a efectuar trabajos concretos para establecer inversión e incentivos para su recuperación, profesionalización y renovación 
  • La movilidad es clave para el desarrollo, recuperación económica y equidad social, destacan autoridades y expertos. 

La Asociación Nacional de Autoridades de Movilidad, el Instituto de Recursos mundiales (WRI México por sus siglas en inglés) en su calidad de secretaría técnica de la asociación, y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y tractocamiones como consejo promotor de la AMAM, reunieron a representantes de los tres niveles de gobierno, especialistas y organizaciones civiles que impulsan la agenda de movilidad, para discutir y analizar los principales retos e identificar consensos a corto y mediano plazo. 

Este foro convocado por las autoridades de movilidad tuvo como objetivo escuchar las perspectivas de los diferentes sectores que tienen injerencia y competencia en materia de movilidad urbana, y detonar un diálogo integral y multisectorial que permita identificar las necesidades y prioridades, pero también trazar en conjunto algunas rutas acción y posibles soluciones a los retos que se enfrentan. 

La ley general de movilidad y seguridad vial: urgente e impostergable  

Durante el foro se coincidió que Ley General de Movilidad y Seguridad Vial abre la puerta al establecimiento de una Política Nacional integral de movilidad sustentable y permitirá una mejor articulación de los tres niveles de gobierno. De ser aprobada, deberá dotar de institucionalidad y recursos para su implementación.  

Al respecto, la senadora Patricia Mercado reconoció que un primer gran paso en este camino es la reforma constitucional que reconoce el derecho a la movilidad.  Este enfoque de   derecho permite sentar los principios de la ley y guiar la distribución de las atribuciones y competencias federales y locales. La senadora compartió el predictamen de la Ley con las autoridades para contar con la retroalimentación subnacional y aseguró que en este momento la iniciativa se encuentra en un proceso de revisión en la Comisión de Zonas Metropolitanas, para este periodo lograr su aprobación en este periodo legislativo.  

Durante la sesión especialistas y representantes de autoridades destacaron que se deberán identificar las prioridades de intervención, integrando la perspectiva de los múltiples actores locales. 

Alejandra Leal, representante de la Coalición Movilidad Segura, recordó que los esfuerzos que ha realizado la sociedad civil en el marco de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ha llevado a grandes logros, como la promulgación del derecho constitucional a la que refiere la senadora Mercado, y así dotar de facultades al congreso para legislar en materia de movilidad y seguridad vial. Coincide con la participación de la Senadora Xóchitl Gálvez sobre la generación de un sistema nacional que coordine los tres órdenes de gobierno sin que pretenda dictar atribuciones, y que se dote el presupuesto necesario para su implementación.  

Atender la movilidad con una perspectiva subnacional 

Luis Carlos Lara, presidente de la Asociación de Institutos Municipales de Planeación refiere que uno de los grandes retos a nivel subnacional, es que para empezar se hable de la movilidad con el enfoque de la necesidad social para una dignificación de la población que se mueve en el transporte público. 

La prioridad desde los organismos municipales comenta Lara, es direccionar la perspectiva de la movilidad y modernización del transporte público como una posibilidad de acceder a apoyos técnicos y de financiamiento, y que estos empiecen a considerar no sólo ciudades grandes, sino ya mirar a ciudades medias y zonas metropolitanas.  

Por parte de las redes y asociaciones de autoridades ambientales y de desarrollo urbano, Sandra Herrera de la Asociación de Autoridades Ambientales en representación de la presidenta María Isabel Ortiz, secretaria de medio ambiente y ordenamiento territorial de Guanajuato, y Gilberto Estrella, presidente de la Red de Secretarías de Desarrollo Urbano, coinciden en la necesidad de la transversalización de los instrumentos de planeación urbana con los de movilidad y de medio ambiente. Para ello enfatizó Sandra Herrera que debe de predominar la voluntad política de trabajar en integralmente con otras instancias, bajo un esquema de gobernanza que ponga en el centro la voz de la sociedad y sector privado, lo cual permitiría una celeridad en la construcción de soluciones. En cuestión ambiental, el gran reto, destacó, es disminuir los Gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes criterio; y esto conlleva dos retos muy grandes: la transición modal hacia el transporte público, y la transición tecnológica que permita acelerar la acción climática. 

El rol del gobierno federal para atender las prioridades 

Por parte de SEDATU se reconoce el reto de la disponibilidad de recursos, que, si bien se tienen claros tanto los diagnósticos como los marcos de acción, el reto que perdura es el recurso para la acción. La representante de SEDATU, Anabel Palacios, menciona que “si bien deberán de venir los recursos de distintas fuentes y algunos podrán dirigirse desde la federación, nos enfrentamos a una austeridad republicana que blinda la programación del presupuesto”. En este escenario, Palacios señala que se debe de captar recursos de otras fuentes y fortalecer a los gobiernos estatales y municipales para apoyar a esta generación de ingresos adicionales para hacer sostenible la inversión en movilidad. 

Recuperar el transporte: Pasar del discurso a la acción. 

Un segundo eje de gran importancia que se abordó como prioridad en el marco del Foro es la recuperación del sector transporte. La crisis de calidad, cobertura, emisiones se ha exacerbado con los impactos de la pandemia, generando además enormes pérdidas económicas que rondan los 40mil millones de pesos de acuerdo con las estimaciones presentadas por Fernando Páez, director de Movilidad Urbana de WRI para México y Colombia. 

Jesús Padilla, presidente fundador de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad destacó que es importante aterrizar la conversación en cómo hacerlo, y qué le corresponde a cada uno de los actores hacer. Comentó que, en materia de transporte público, las autoridades deben de estar dispuestas a colocar inversión inicial de la flota, tarifa competitiva o subsidio para cumplir con las expectativas de calidad del servicio para la mejor experiencia de viaje del usuario.  

Por su parte Abel López del Banco Mundial complementó que el gobierno nacional tiene el papel más importante, pues debe de definir los objetivos que quiere lograr, y niveles de tarifa que quiere poner, absorbiendo un poco más del riesgo en los planes de transformación del transporte para hacerlos posible. Como mecanismos, López propone un fondo revolvente que permita dar credibilidad a las instituciones financieras de que el gobierno está poniendo recursos para poder alcanzar estos objetivos, además de las garantías de crédito que, si bien se saben los niveles de endeudamiento, considera que las garantías se estructuran no para no ejercerse, sino para dar confianza. El último mecanismo que propone Abel López, son los fondos de pensiones locales que deben de ser explorados por las secretarías de finanzas, pues deben de procurar inversiones productivas con retornos importantes.  

Por su parte, con una perspectiva desde el sector privado, Liliana Pereira, directora de Steer México, señala que, que el proceso de recuperación del transporte debe contar la visión y participación del sector privado y de consultoría, pues además también verse afectados, juegan un papel importante por su experiencia y capacidades en materia de estructuración, planeación y operación de sistemas de transporte público. 

Abraham Vargas, director de proyectos de transporte del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN – BANOBRAS) destaca que si bien es necesario contar con estructuras contractuales más sólidas e ingeniosas, se han estado explorando ideas como el apoyo financiero no recuperable para autobuses eléctricos que podría otorgarse siempre y cuando, el proyecto esté suficientemente bien estructurado, permitiendo al estado contratar una línea de cuenta corriente que funja como fondo revolvente a usarse en caso de un impacto en la demanda. Concluyó destacando que este tipo de estructuras más complejas requieren, como se señala por otros panelistas, la profesionalización de las contrapartes: por un lado, los transportistas, y por otro el gobierno para tener la capacidad técnica y operativa para instrumentar y operar estos esquemas. 

En el foro también se presentaron diversos proyectos y casos de diferentes ciudades que permiten evidenciar el compromiso local en la mejora de la movilidad de sus habitantes. En este bloque de intercambio de experiencias y aprendizajes hacia la movilidad triple cero (cero muertes, cero emisiones y cero exclusiones), se expuso por parte de la Ciudad de México el caso de Cablebús en voz de Rodrigo Díaz, subsecretario de planeación de la Secretaría de Movilidad; Diego Monraz por parte de la secretaría de Transporte de Jalisco compartió la experiencia del caso del programa de renovación y adquisición de flota, electromovilidad y tarifa social. En un marco de colaboración, José Juan Hernández del WRI México presentó la evaluación integral realizada al sistema QRObus en Querétaro, y desde un enfoque de movilidad activa y no motorizada, se habló de los avances de Yucatán en esta materia por parte de Sayda Melina Rodríguez, secretaria de desarrollo sustentable. Con una perspectiva más sensible a la problemática de la seguridad vil para las y los niños, Ángeles Oliva, directora de movilidad de la Secretaría de Movilidad del estado de Colima ahondó sobre el programa de entornos escolares que se está realizando; y para cerrar el panel, como caso internacional, se contó con la presencia de Felipe Ramírez, gerente general de Transmilenio de Bogotá, Colombia. 

El foro cerró con una ronda de perspectivas favorables hacia una movilidad sustentable, reconocido los avances como el derecho constitucional a la movilidad y una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que está por ser aprobada, pero haciendo hincapié en que la recuperación del transporte y la implementación de un marco normativo como la ley, se logra con la vinculación y colaboración cercana entre los diversos actores, y que el fortalecimiento del sector se logra con el trabajo entre pares a través del intercambio de experiencias, incorporando enfoques transversales en las mesas de trabajo, sin perder de visa que todo esfuerzo y reto que se busca resolver, es en beneficio de la gente y su calidad de vida como habitantes urbanos.

Te compartimos algunas de las presentaciones de las y los ponentes del foro

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